Aquellas personas víctimas de delitos contra la libertad sexual y dignidad humana, que requieran de la adecuada y oportuna atención en las áreas de psicología, trabajo social, jurídica, médico legal y de protección, y agilización del procedimiento legal de manera que se produzca el restablecimiento de los derechos y se activen los mecanismos de prevención del delito.